Acusan a empresarios de responder así por ver amenazados sus intereses
Alberto Morales
El Universal
Jueves 13 de septiembre de 2007
De acuerdo con académicos, investigadores y especialistas en medios de comunicación, los concesionarios de radio y televisión instrumentaron toda una campaña de intimidación y presión contra el Estado mexicano, al ver afectados sus intereses económicos con la aprobación de una reforma electoral, que prohíbe a partidos y a terceros contratar tiempos comerciales para campañas.
Alberto Morales
El Universal
Jueves 13 de septiembre de 2007
De acuerdo con académicos, investigadores y especialistas en medios de comunicación, los concesionarios de radio y televisión instrumentaron toda una campaña de intimidación y presión contra el Estado mexicano, al ver afectados sus intereses económicos con la aprobación de una reforma electoral, que prohíbe a partidos y a terceros contratar tiempos comerciales para campañas.
En la víspera el Senado de la República aprobó el dictamen que plantea un nuevo modelo electoral que estabelce el uso de los tiempos oficiales para difundir los mensajes de los partidos en época electoral; por lo tanto, se deje de pagar anuncios en radio y televisión. Las modificaciones representan un ahorro de 3 mil millones de pesos.
El ex senador y presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), Javier Corral, afirmó que con el cañón del “Canal de las Estrellas”, los empresarios de la radio y la televisión buscaron, “mediáticamente”, detener las modificaciones constitucionales porque afectan sus intereses.
Indicó que la actitud de los integrantes de la CIRT fue la disputa de poder entre quienes se sienten dueños del espectro radioeléctrico, que, recordó, es propiedad de la nación.
Manuel Bartlett, ex senador que junto con Corral y otros legisladores presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Medios, comentó que tanto Televisa como TV Azteca han dado muestra de su “voracidad”, al utilizar un bien público para atacar al Congreso.
“¿Dónde está la secretaría de Gobernación? ¿Qué va a hacer para sancionarlos? Están tratando de seguir su política de chantaje y de presión”, cuestionó el político poblano.
En su opinión, el fondo de la discusión es el dinero que los medios dejarán de recibir por concepto de publicidad política. “Lo aceptaron con los senadores, dijeron que los estaban expropiando”, expuso.
Gabriel Sosa Plata, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), dijo que el referéndum que propusieron ayer los radiodifusores es una “estrategia política” para postergar la discusión.
Criticó que sea hasta ahora cuando los dueños de los medios pidan derecho de interlocución, justo cuando ven amenazados sus intereses, pues no lo hicieron antes de abril cuando se convocó para recibir propuestas.
Raúl Trejo, de Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, consideró que es de llamar la atención la debilidad de los argumentos de los empresarios en su campaña contra la reforma electoral.
“Saben que el error que cometió el Senado, que suponía que tanto en la contratación como en la difusión de opiniones respecto a las campañas políticas podía haber delitos (al presuntamente coartar la libertad de excpresión), se corrigió. Entonces están armando una campaña a sabiendas que el problema ya estaba resuelto”, indicó.
Javier Esteinou Madrid, investigador de la UAM, afirmó que los actos mediáticos contra el Senado demuestran todo el poder de la “telecracia” contra el poder político.
Dijo que los medios ya no son el cuarto poder sino el primero, en el cual se persigue al Estado y a los organismos públicos para imponer su voluntad de monopolios.
Jonh Ackerman, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, lamentó la posición de los empresarios pues con su actitud “cambiante” de salir en defensa del IFE y luego de la libertad de expresión evidenciaron que su pugna es por dinero y privilegios.
Su colega, Ernesto Villanueva, aseguró que es momento de que los medios se ajusten al marco de la libertad de expresión y de información, pues en la elección de 2006 se evidenció que los políticos se convirtieron en rehenes de los medios.
Ciro Murayama, ex asesor del ex consejero presidente del IFE José Woldenderg, explicó que con la reforma, el Estado se ahorrará unos 3 mil millones de pesos destinados a la compra de espacios en radio y televisión. “Por eso los medios reaccionaron como reaccionaron”, aseguró.
El ex senador y presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), Javier Corral, afirmó que con el cañón del “Canal de las Estrellas”, los empresarios de la radio y la televisión buscaron, “mediáticamente”, detener las modificaciones constitucionales porque afectan sus intereses.
Indicó que la actitud de los integrantes de la CIRT fue la disputa de poder entre quienes se sienten dueños del espectro radioeléctrico, que, recordó, es propiedad de la nación.
Manuel Bartlett, ex senador que junto con Corral y otros legisladores presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Medios, comentó que tanto Televisa como TV Azteca han dado muestra de su “voracidad”, al utilizar un bien público para atacar al Congreso.
“¿Dónde está la secretaría de Gobernación? ¿Qué va a hacer para sancionarlos? Están tratando de seguir su política de chantaje y de presión”, cuestionó el político poblano.
En su opinión, el fondo de la discusión es el dinero que los medios dejarán de recibir por concepto de publicidad política. “Lo aceptaron con los senadores, dijeron que los estaban expropiando”, expuso.
Gabriel Sosa Plata, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), dijo que el referéndum que propusieron ayer los radiodifusores es una “estrategia política” para postergar la discusión.
Criticó que sea hasta ahora cuando los dueños de los medios pidan derecho de interlocución, justo cuando ven amenazados sus intereses, pues no lo hicieron antes de abril cuando se convocó para recibir propuestas.
Raúl Trejo, de Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, consideró que es de llamar la atención la debilidad de los argumentos de los empresarios en su campaña contra la reforma electoral.
“Saben que el error que cometió el Senado, que suponía que tanto en la contratación como en la difusión de opiniones respecto a las campañas políticas podía haber delitos (al presuntamente coartar la libertad de excpresión), se corrigió. Entonces están armando una campaña a sabiendas que el problema ya estaba resuelto”, indicó.
Javier Esteinou Madrid, investigador de la UAM, afirmó que los actos mediáticos contra el Senado demuestran todo el poder de la “telecracia” contra el poder político.
Dijo que los medios ya no son el cuarto poder sino el primero, en el cual se persigue al Estado y a los organismos públicos para imponer su voluntad de monopolios.
Jonh Ackerman, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, lamentó la posición de los empresarios pues con su actitud “cambiante” de salir en defensa del IFE y luego de la libertad de expresión evidenciaron que su pugna es por dinero y privilegios.
Su colega, Ernesto Villanueva, aseguró que es momento de que los medios se ajusten al marco de la libertad de expresión y de información, pues en la elección de 2006 se evidenció que los políticos se convirtieron en rehenes de los medios.
Ciro Murayama, ex asesor del ex consejero presidente del IFE José Woldenderg, explicó que con la reforma, el Estado se ahorrará unos 3 mil millones de pesos destinados a la compra de espacios en radio y televisión. “Por eso los medios reaccionaron como reaccionaron”, aseguró.
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